El derecho a huelga no se negocia.

El derecho a huelga no se negocia.

La CTA Autónoma de Misiones y sus gremios de base ATE, UTEM, MPL  repudia el comunicado del Colegio Público de Abogados de la provincia de Misiones de fecha 28 de noviembre del 2019, respecto a las medidas de acción directa que el colectivo de trabajadores de la Justicia de nuestra provincia viene llevando a cabo por solicitud de aumento salarial. http://www.cademis.org.ar/novedades/actualidad/pagina

Con un profundo desprecio y desconocimiento, sin fundamento alguno, se pronuncia sobre la ilegalidad de la medida entendiendo erróneamente que la huelga en el poder judicial es ilegítima.-

En tal sentido el breve análisis omite que nuestro país ratificó los convenios de libertad sindical 87, 98, 151, 154 y 135 incluido el negociación colectiva  sector público, que Incluye el Poder Judicial.

Que la ley 25877, y su decreto reglamentario 272/06  establece como único límite al ejercicio del derecho de huelga  y como consecuencia de un procedimiento previo, que se trate de un servicio esencial o en su caso, un servicio público de importancia trascendental.

En el poder Judicial -como en el resto de los poderes de los Estados, Nacionales o Provinciales-   el derecho de huelga no está prohibido ni tampoco  es considerado como servicio esencial.

Siendo el colegio Público de Abogados de la Provincia de Misiones una entidad de profesionales del derecho es de esperar que el respeto a los mismos sea considerado al momento de pronunciarse sobre acontecimientos que afectan derechos fundamentales.

Es por ello que nos pronunciamos y contradecimos  sus contenidos para evitar que interpretaciones erróneas puedan afectar aún más los derechos de los trabajadores judiciales de la provincia de Misiones.-

Condenar las medidas de fuerza o decisiones sindicales que tomen los  trabajadores, como lo hace el Colegio de Abogados en este comunicado, da cuenta del  desconocimiento de los valores democráticos y de la  perspectiva de derechos que debe sustentar su representación y reduce  su función a una cuestión puramente burocrática.

Los integrantes de la  Comisión Directiva del Colegio de Abogados  deberían interpelar al Estado Nacional y Provincial para garantizar el servicio de justicia,  sumándose  a las exigencias de condiciones dignas de trabajo a sus dependientes y no culpabilizar a los trabajadores que luchan dignamente por sus derechos, de los inconvenientes, las omisiones y restricciones del Estado en su servicio de Justicia.