“Nadie se salva solo”

Organizaciones sociales y centrales sindicales manifestaron, a través de un documento conjunto, las preocupaciones que atraviesan tanto a los y las trabajadoras que siguen hoy cumpliendo funciones en las tareas denominadas esenciales como aquellos y aquellas que están en aislamiento social obligatorio. Falta de condiciones de bioseguridad, falta de insumos y controles para garantizar la seguridad de los y las trabajadoras, reducción salarial, despidos, las principales preocupaciones y desafíos que dejará esta pandemia.

TEXTO COMPLETO DEL DOCUMENTO.

La clase trabajadora y sus organizaciones nos enfrentamos a una doble amenaza: el Covid-19 y sus consecuencias en la economía real, profundizando una crisis mundial que crece al ritmo de la pandemia.

Desde el comienzo de la emergencia sanitaria, muchos y muchas nos vimos obligados a trabajar en los puertos, en las industrias agro-exportadoras, en las alimenticias, los hospitales, la comunicación y el transporte, entre otras actividades exceptuadas del aislamiento social obligatorio. Allí nos encontramos con la falta de protocolos oficiales de higiene y seguridad en los procesos productivos, a lo que se suma el debilitamiento de los resortes del Estado que deben velar por el efectivo cumplimiento de la normativa laboral.

Los Ministerios de Trabajo y de Salud, tanto nacional como provincial, no llegan dentro de las fábricas y de los lugares de trabajo, donde los trabajadores y trabajadoras sólo cuentan con la representación sindical, allí donde la hay. Es el sindicato organizado la más efectiva defensa ante los riesgos de la pandemia y ante las empresas que priorizan su rentabilidad a la salud de los trabajadores y de la sociedad. La organización sindical, junto a las comisiones internas y los cuerpos de delegados, actúan hoy como verdaderos controles ante la prepotencia patronal, pese a la limitación de ciertas actividades sindicales que dispuso el Ministerio de Trabajo.

Distinta es la suerte de aquellos trabajadores y trabajadoras que se encuentran cumpliendo con el aislamiento obligatorio, para los cuales los empresarios conocen y repiten una vieja receta: la reducción salarial o el despido.

Las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para proteger el empleo y el salario parecieran no aplicarse a un gran sector del empresariado que despide, suspende y rebaja salarios, desconociendo los decretos de emergencia y la legislación laboral, transformándolos en letra muerta. 

Esa ha sido la reacción de algunos de los empresarios más poderosos del país ante la decisión del Gobierno Nacional de priorizar la salud sobre la economía. Durante los últimos cuatro años, e inclusive antes, hay sectores que han sido los grandes ganadores del modelo. Compañías eléctricas, gasíferas, agroexportadoras, concesionarias de peaje, bancos, han acumulado grandes ganancias y no han hecho ningún aporte en la emergencia. No desconocemos tampoco los problemas que la crisis y la paralización de la actividad económica generan en pequeñas y medianas empresas, pero eso no puede derivar en la vieja receta de asociar a los trabajadores a las pérdidas.

De seguir así, las medidas que buscan proteger a los trabajadores sólo quedarán como un catálogo de buenas intenciones, y todos los esfuerzos del PEN no podrán evitar una mayor profundización de la crisis.

Los sindicatos, el Estado, la sociedad en su conjunto no podemos permitir que las consecuencias de la crisis recaigan sobre las espaldas de los trabajadores y trabajadoras. Por ello exigimos la intensificación de la intervención del Estado en la protección del trabajo, conforme el mandato constitucional.

Cada trabajador que pierde su empleo, cada salario recortado, es un herida más en el tejido social que produce un daño que puede ser irreparable.

Deben tomarse acciones concretas con quienes despiden, suspenden y rebajan salarios, con aquellos que especulan con las necesidades de la sociedad para sacar una mayor ventaja, deben ser sancionados e intervenidos.

Las empresas deben implementar todas las medidas necesarias para garantizar la salud, siendo impostergable la participación del Estado que posee la capacidad y tiene la obligación de velar por la integridad psicofísica de los trabajadores, reconociéndose el COVID-19 como enfermedad profesional.

Existen sectores de la clase trabajadora que como monotributistas o bajo el régimen de trabajadores autónomos viven de su trabajo, son obreros y empleados que sostienen sus familias con su labor diaria, que necesitan afrontar esta emergencia con un salario garantizado, independientemente de las categorías tributarias que se les han impuesto.

Del mismo modo es necesario atender a aquellos trabajadores y trabajadoras de la economía popular, ampliando la cobertura, no solo aumentando los beneficiarios sino también extendiéndola en el tiempo ya que, superada la parte más aguda de la pandemia, continuarán sufriendo en mayor medida sus consecuencias.

Sabemos que no es tarea fácil romper con un modelo económico mundial que hace más de 40 años descansa sobre las finanzas y el capital ficticio, en una burbuja cada vez más alejada de la realidad económica, pero la crisis adquiere una velocidad que no tolera respuestas a medias tintas. Las acciones que se tomen para combatirla no pueden estar signadas por la ortodoxia y el capital financiero, que empujan a descargar sobre el trabajo todas sus consecuencias.

Somos los trabajadores los que creamos la riqueza del mundo, y muchas de las organizaciones que suscribimos la presente representamos a quienes siguen trabajando todos los días para garantizar la salud, la alimentación, el transporte, la exportación, entre otros servicios importantes no sólo para esta emergencia sanitaria sino para la economía del país, convencidos del lugar histórico que ocupamos. Pretendemos que en este contexto el Estado intervenga con determinación y medidas concretas frente a las empresas que no se expresan con el mismo compromiso, privilegiando sus intereses por sobre los del resto de la sociedad.

12 de abril de 2020

FTCIODyARA, Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina; FeMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de La República Argentina; CTA, Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma; ATE, Asociación de Trabajadores del Estado; FGB, Federación Gráfica Bonaerense; FESPROSA, Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina; Conadu Histórica; FJA, Federación Judicial Argentina; FeTERA, Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina; UTEP, Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular; Barrios de Pie-Libres del Sur; FeNaT, Federación Nacional Territorial; SOMU, Sindicato de Obreros Marítimos Unidos; AAPM, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina; SITRAIC, Sindicato de la Industria de la Construcción; APJ GAS, Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines; SIPREBA, Sindicato de Prensa de Buenos Aires; CISPREN, Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba; Sindicato Luz y Fuerza de La Pampa; Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata; Sindicato Luz y Fuerza Zárate; OTECH, Organización de Trabajadores Eléctricos de Chaco; SOEAIL, Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma; SOEASI; Sindicato de Obreros y Empleados del Azucar San Isidro; UCRA, Unión de Conductores de la República Argentina; APJBO, Asociación Personal Jerárquico de Bancos Oficiales; SITEBA, Sindicato de Trabajadores de Entidades Bancarias y Financieras; SECEIC, Sindicato de Empleados, Capataces y Encargados de la Industria del Cuero; FAG, Federación Argentina de Guardavidas, GOA, Gremio Odontológico Argentino; ABP, Asociación de Buzos Profesionales; STA, Sindicato de Trabajadores del Azúcar; SOEALFFM, sindicato de Fruta; AECPRA, Asociación de Empleados de Correos Privados de la República Argentina; SITOSPLAD,  Sindicato de Trabajadores de OSPLAD; NUSISA, Salud Capital; NOSG, Nuevo Sindicato Gastronómicos; UETTEL, Telefónicos; FEDERACIÓN SITECH, Educación Chaco; UTEM, Educación Misiones; SRUPP, Panaderos Villa María; UTRACOS, Comercio Villa María; UTEM, Municipales Villa María; SITEMCO, Municipales Corrientes; SINPESEDO, Casas Particulares Río Negro y Neuquén; SINDECAF, Casas Particulares BS. As.; SIDECAF, Casas particulares San Juan; AMPECAF, Casa Particulares, Río IV; ATSN, Seguridad Neuquén; SUTRAS, Seguridad Misiones; SIVISA, Seguridad Salta; SITRVIP, Seguridad San Luis; OSTV, Seguridad Capital; SATIVA, Vidrio Bs. As.; SUCEV, Costureros, Bs. As.

Una interpelacion al Poder Judicial de Misiones.

El Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género presentó ayer ante el Superior Tribunal de Justicia de Misiones un escrito en el que expresa la preocupación y cuestionamiento por la existencia de prácticas judiciales arbitrarias sistemáticas, plasmadas en la condena a Cristina Vázquez y Cecilia Rojas o en otros casos como las persecuciones judiciales a María Ovando o Victoria Aguirre. La Dra. Roxana Rivas, el Dr. Eduardo Paredes y la antropóloga Ana María Gorosito explicaron aspectos de la presentación.

Una presentación con muchos antecedentes:

El escrito presentado por el recientemente conformado Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género menciona como antecedentes a la hora de indicar la existencia de prácticas judiciales arbitrarias y abusivas a casos de ensañamiento judicial contra mujeres en situación de vulnerabilidad como María Ovando o Librada Figueredo, de falta de objetividad en la investigación fiscal, guiada por prejuicios de género y de clase como en el caso de Victoria Aguirre o el caso paradigmático de la condena sin pruebas contra Cecilia Rojas y Cristina Vázquez, recientemente absueltas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Qué medidas tomarán las autoridades judiciales misioneras para reparar el daño ocasionado a quienes fueron víctimas de estas actuaciones irregulares y cómo se evitarán otras de estas situaciones a futuro es una de las preguntas contenidas en la presentación.

“Es una solicitud formal al Poder Judicial a partir de determinados casos, especialmente del de Cristina Vázquez, a ver si revisan un poco algunas de las prácticas que venimos denunciando, ya también sistemáticamente” – explica la Dra. Roxana Rivas, quien fue junto al Dr. Paredes parte de la defensa de María Ovando y Victoria Aguirre y actualmente defienden a Mirian Bogado, la joven mbya imputada sin pruebas por la muerte de su beba el año pasado.

Sobre la decisión de presentar este requerimiento al Superior Tribunal de Justicia, la Dra. Rivas indica el origen de la organización desde la cual se acciona:

“En este proceso lo que hicimos el año pasado, a fin del año pasado fue conformar el ´Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género´, que en la primera  reunión estuvo presente Norita Cortiñas. Y ahí habíamos acordado, estando fresca la noticia y la situación de Cristina, que era necesario que el Poder Judicial se expida e informe algunas cuestiones puntuales de ese y otros temas, así que eso es lo que venimos a pedir: al Poder Judicial que diga qué va a pasar de ahora en adelante después de haber sido interpelado por la Corte Suprema de Justicia en este fallo histórico.” dice en referencia al fallo por el cual la máxima instancia judicial de la Nación absolvió a Cecilia Rojas y Cristina Vázquez, que contiene además un fuerte cuestionamiento a los procedimientos en el caso de la justicia misionera.

Acusar y condenar en base a prejuicios:

La falta de rigurosidad en el tratamiento de las pruebas y desconocimiento del derecho y las garantías constitucionales son señalamientos concretos  en relación a las prácticas judiciales, sobre todo en el fuero penal:

“Es una cosa que venimos denunciando en otros casos: María Ovando, Victoria Aguirre, Mirian Bogado, y no hemos logrado que se redefina o se autocritiquen frente a estas prácticas (…) Venimos denunciando la falta de perspectivas en un montón de aspectos. Cristina Vázquez, Maria Ovando, Victoria Aguirre son un ejemplo claro: ellos juzgan desde los prejuicios. Hay un grave desconocimiento del derecho desde los mismos operadores judiciales especialmente los del (fuero) penal. Nosotros no tenemos un sistema muy transparente de designaciones y no son personas que estén capacitadas ni para investigar, ni para condenar, ni para probar. De hecho ni siquiera se autodeterminan ni se autoobligan a cumplir las reglas procesales básicas. Cristina Vázquez es el ejemplo. Ella fue condenada a perpetua dos veces por este mismo sistema judicial sin ninguna prueba concreta que la pudiera incriminar en este delito que fue tan aberrante que además implica otras cosas, por ejemplo, que el asesino o asesina estén impunes…” describe la Dra. Rivas.

A su turno, la antropóloga Ana María Gorosito realiza una observación desde la perspectiva metodológica en cuanto al accionar judicial y profesional:

Como antropóloga particularmente me interesé en el hecho de que la sentencia se basaba en indicios y no en pruebas – dice en relación a la condena contra Vázquez y Rojas –  y los antropólogos trabajamos fundamentalmente como materia prima el indicio, pero si el indicio no nos permite establecer relaciones fuertes entre procesos, descartamos los indicios. Aquí, de ninguna manera esos indicios fueron descartados sino que fueron inclinando la balanza hacia definir una situacion totalmente hipotética que terminó con una acusación de culpabilidad. Esto no puede seguir ocurriendo, yo creo que las universidades deben tener claramente un compromiso en la cuestión, en la formación específica de la gente que está vinculada al derecho pero luego también la capacitación general en todas las profesiones para mantener la ética y la rigurosidad de los procedimientos metodológicos mediante los cuales se puede establecer fehacientemente la veracidad o no de alguna cosa.”  reflexiona.

La antropóloga y Profesora Emérita de la de la Facultad de Humanidades intervino durante el año pasado en la pericia antropológica en la causa judicial contra la joven mbya Mirian Bogado, por la cual debió realizar un análisis de las actuaciones judiciales en el caso, lo que le permitió “darme cuenta de que no siempre los profesionales o técnicos a cargo de las distintas áreas actúan primero guiados por el sentido común y después por la profesionalidad para la que se supone que están formados. Hay muchas falencias en esos variados campos,  muchísimas y me llaman mucho la atención que a pesar de ello forman parte de expedientes judiciales con imputaciones de culpabilidad, cuasas que son con agravantes, todas cuestiones que terminan – y esto me gustaría enfatizarlo- destruyéndole la vida a personas. ¿Quién resarce esto?”– se pregunta.

En tanto el Dr. Paredes realizó una breve referencia al fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso Vázquez, y lo que señala en cuanto al accionar de la Justicia misionera:

“En primer lugar lo que le dice es que tiene que tomarse las cuestiones constitucionales en serio. Esta provincia tiene una tasa de prisión preventiva elevadísima con cárceles que están al límite, casi que son mazmorras, sin ningún sentido” – señala y caracteriza que al Poder Judicial  “no le ha llegado la democracia, en realidad es un cambio institucional, formal, peor realmente viola todos los tratados internacionales y el poder político que es el otro que lo puede controlar de hecho es el que construye este modelo judicial y el único modo de avanzar es desde las organizaciones sociales y poniéndolo a la luz.” postula Paredes, una necesidad que explica la creación del Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género.

Sobre las tareas y situaciones que se plantean abordar desde el nuevo espacio, entre cuyas preocupaciones se cuentan además del accionar judicial las situaciones de los contextos de encierro y el accionar policial en la provincia, manifiesta Ana María Gorosito:

“Empezaron a aparecer muchísimas cuestiones, tantas que nos gustaría justamente acompañarlas. No hay posibilidad de acompañarlas todas las mismas personas, asi que la formación de un gran equipo de gente generosa, interesada, honesta para que se incorpore… hago el llamamiento para eso…”

Roxana Rivas abogada

Eduardo Paredes Abogado

Ana Gorosito Kramer Antropologa


Textos, fotos y audios Cecilia Rodriguez y Marcos Otaño.

UTEM CTA A SOLICITA SE CONVOQUE DE MANERA URGENTE LA MESA SALARIAL DOCENTE.

Anticipan que este año, en una primera instancia, el gobierno provincial debe otorgar un básico de $2000 pesos para el cargo testigo de Maestra de grado para comenzar a recomponer la pirámide salarial. Además exigen se regularice la situación laboral de los demás trabajares que son parte del equipo necesario para sostener las escuelas publica en funcionamiento, desde el personal de maestranza, porteros, hasta las cocineras.

La Unión de Trabajadores de la Educación, gremio de base de la CTA Autónoma, presentó este lunes una nota al Consejo General de Educación solicitando se convoque de manera urgente una mesa de discusión para abordar las demandas del sector.
Para el sindicato la convocatoria debería ser durante la primera quincena de febrero “para garantizar la discusión salarial y laboral previo al inicio del ciclo lectivo”.
En la nota se destaca además la necesidad de abordar una recomposición salarial que permita recuperar poder adquisitivo del salario y corrija las desigualdades estructurales.
“Denunciamos que el cargo de maestra de grado con mayor antigüedad apenas llega a los $ 20.250, lejos de los números antes expresados. Claramente es la docente que más horas trabaja y es la que menos percibe de salario dentro del escalafón docente . Por ello, desde UTEM seguimos levantando la bandera de las maestras y exigimos para este sector una respuesta que le de justicia dentro del sistema educativo”, destacan en la nota.
Para UTEM en una primera instancia debería otorgarse un incremento de 2000 pesos en el salario básico, “con la mira puesta en la recomposición salarial de la maestra de grado. Abriendo trimestralmente la negociación salarial – con incorporación de sumas al sueldo básico- en virtud de la dinámica de la economía que lima los salarios y deja a las familias de los trabajadorxs de la educación en el desamparo”.

Equipo de trabajo para sostener la Escuela
Otro de los puntos que debe discutirse es la regularización salarial y laboral de trabajadores que prestan servicios esenciales para el funcionamiento de la Escuela y que hoy estan en condiciones de extrema precarización laboral. Es el caso del personal de servicio porteros, porteras, cocineras y cocineros.
“No podemos seguir naturalizando que el sostenimiento de la escuela en condiciones de extrema precarización laboral de los y las trabajadoras que limpian y cocinan para garantizar condiciones mínimas para los alumnos”, destacaron.